P., embarazada de gemelos

Embarazos sin peligro

(Esta información se publicó originalmente en el especial ‘Riesgos Laborales’ de La Tribuna de Ciudad Real el 15/11/2019)

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Desde el 1 de febrero, los criterios para beneficiarse de una baja por riesgo durante el embarazo se han restringido. Por ejemplo, hasta entonces las trabajadoras de oficina la obtenían en la semana 37 porque se consideraba que ya era difícil realizar cualquier tipo de tarea. Ahora no tienen esta opción salvo que se realice una valoración específica de su puesto (a solicitud de la trabajadora) porque se entiende que se pueden alternar periodos en los que están sentadas y en los que se realiza cualquier otra actividad física, salvo que esto sea imposible tras más de dos horas (en ese caso, la suspensión se da en la 37).

Esto queda recogido en las páginas 110-111 de la nueva Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo, publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con recomendaciones realizadas por inspectores, facultativos de las mutuas y especialistas de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

Ahora, una embarazada que sienta que su puesto en la oficina pone en peligro su bienestar o el del feto tiene varias opciones. La primera, solicitar al Servicio de Prevención Ajeno que evalúe su puesto de trabajo, un trámite que lleva semanas y que podría alargarse más que el embarazo y ser negativo. Otra, anticipar la baja maternal, aunque las 16 semanas existentes actualmente son manifiestamente escasas para recuperarse y cuidar de un recién nacido. La más habitual es, por tanto, la tercera: acogerse a una baja por incapacidad temporal, que otorga directamente el médico de cabecera y que tiene dos inconvenientes: que se considera absentismo (y podría conllevar despido en virtud de las últimas sentencias conocidas) y que, salvo que exista compensación reflejada en el convenio, da derecho a percibir sólo el 60-75 % del salario. Además, la baja por incapacidad temporal y la de riesgo durante el embarazo son excluyentes.

Salvo esta condición, el derecho a la suspensión del puesto de trabajo con percepción del total del sueldo continúa vigente sin excepciones, puesto que está reconocido el derecho a la salud laboral de todos los trabajadores y, además, las embarazadas son consideradas de especial protección dado su estado de vulnerabilidad.

Otra cuestión es lo arduo que resulte: si está recogido en el convenio laboral o acuerdo de empresa qué semana de baja corresponde a cada riesgo, la tramitación es muy rápida; esto no es lo habitual, y gran parte de las bajas requieren de un tedioso papeleo. No es raro que a finales de septiembre sólo hubiera 705 bajas por riesgo en el embarazo en toda Castilla-La Mancha, 164 en Ciudad Real.

PROCEDIMIENTO

La primera particularidad es que el trámite se inicia siempre a petición de la trabajadora. Es quien tiene que comunicar a la empresa su embarazo y tratar con ella si es posible la adaptación del puesto para evitar los riesgos identificados o su traslado temporal a otras tareas. Es el Servicio de Prevención Ajeno, contratado por la empresa, quien valora el puesto, realiza mediciones, etcétera, y determina si existe o no algún factor que pueda poner en peligro el embarazo. La mutua colaboradora de la Seguridad Social, por su parte, es la encargada de aprobar la suspensión del puesto y pagar la prestación, pero hay casos en los que puede denegarla.

María Teresa Sánchez Navarro, responsable de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras (CCOO), señala que las mutuas en ocasiones utilizan técnicos analistas, «una figura que no está contemplada en su funcionamiento y que viene a cotejar aquello que dice el Servicio de Prevención y pone en entredicho lo decidido por un técnico cualificado», según explica. «Nos parece un elemento muy negativo porque, al no ser sus funciones propias, lo que hace es cuestionar el derecho de la trabajadora a la prestación», denuncia.

En caso de no estar conforme con la decisión de la mutua, si no se han adoptado medidas correctoras o ha habido cualquier aspecto dudoso en la tramitación, la trabajadora puede denunciar a la Inspección de Trabajo, que si lo ve conveniente abrirá una investigación y decidirá en consecuencia. «Esas prestaciones se pagan a veces con carácter retroactivo», señala Sánchez, «pero lo importante es que quede constancia en algún sitio para que se beneficie la próxima que se quede embarazada en circunstancias similares».

EL TIEMPO ES CLAVE

En este procedimiento, los tiempos son clave. Hay sectores muy regulados en los que se puede prever con cierta exactitud cuándo solicitar la baja, porque los riesgos están bien identificados, así como sus efectos en la madre y en el feto. En otros, no tanto. La madre, en el caso de que cuente con toda la información, tiene que prever que este proceso puede alargarse varias semanas y que, mientras tanto, salvo soluciones temporales, está asumiendo dicho riesgo, cuya responsabilidad e de la empresa.

Si lo solicita con demasiada antelación, puede ser que el riesgo aún no sea comprobable y se deniegue, o que la trabajadora se encuentre por otras razones médicas en situación de incapacidad temporal que haga incompatible la prestación por riesgo. Si lo solicita cuando la semana prevista se aproxima, cabe la posibilidad de que el embarazo llegue a término antes sin haber recibido la prestación (bien porque el parto se adelante bien porque el trámite se prolongue).

En ocasiones, se solicita documentación adicional, como la elaboración de un profesiograma, donde se describen pormenorizadamente las tareas que realiza la trabajadora, la duración de estas y los riesgos que pueden conllevar. Toda valoración de riesgos se hará respecto a la exposición prevista, algo que no siempre corresponde con la legalidad, por ejemplo, cuando en realidad una trabajadora pasa más horas en su puesto que las que figuran en su contrato, algo muy habitual en sectores como el hostelero.

Desde CCOO demandan que estos trámites sean más ágiles para las trabajadoras, que suman esta preocupación a las otras muchas que trae consigo un embarazo, y que fueran los médicos de familia quienes pudieran solicitar directamente esta prestación.

OFICINISTA, 37 AÑOS

Cuando P. se quedó embarazada trabajaba en la oficina de un gimnasio, sin luz natural y nada de ventilación. Trae dos gemelos idénticos que comparten placenta, una gestación de especial seguimiento. Desde el quinto mes está de baja por enfermedad, lo único a lo que pudo recurrir para proteger a sus bebés después de semanas dándose de frente con una protección de riesgos que considera insuficiente. Cobra 200 euros menos al mes.

Para ella, el riesgo estaba claro: una oficina pequeña sin ventanas y con tránsito de personas que en menos de media hora superó lo niveles de CO2 máximos aceptados para una persona sana, cuando una gestante tiene requerimientos mayores de oxígeno. Solicitó que se solventara el riesgo al Servicio de Prevención Ajeno, que dijo que no existía, y tras pedir varias veces las mediciones, se constató, pero ya era tarde porque se la habían denegado. El extractor que se colocó nunca fue efectivo y un aparato de aire acondicionado tampoco ha mejorado la situación, por lo que, al no tomarse medidas correctoras, P. optó por la baja por contingencias comunes. Le dijeron que «por ser benévolos, le darían la baja en la semana 37», algo que la indignó: «No quiero un favor, sino mi derecho».

Lo peor: «Falta de seriedad y profesionalidad, dejadez, poca seguridad e incertidumbre».

LIMPIADORA, 35 AÑOS

Sara (nombre modificado) sigue limpiando residencias a sus 24 semanas de gestación, pasado el ecuador del embarazo. Seis horas cada tarde en las que sube y baja varias plantas, mueve muebles, llena y vacía cubas grandes de agua, limpia tazas de váter y está expuesta a virus y a productos como el amoniaco y la lejía.

Hace un par de meses, una gran limpieza la perjudicó tanto que se dio de baja por enfermedad común: refería cansancio extremo (apenas dormía 2 horas), angustia, mareos y dolores. La informaron de que podía cogerse la baja por riesgo en el embarazo en la semana 21 o 22 a más tardar, así que pidió el alta voluntaria con vistas a optar a una prestación más justa y en la que cobrara el 100 % del sueldo (ahora cobra el 75). La estaba tramitando cuando se encontró con que su baja se estimaba para la semana 28, lo que supone un mes más expuesta a riesgos.

La situación podría ser peor. A sus 35 años, este es su segundo embarazo. Hace cinco, desconocer que le correspondía la prestación por riesgo en el embarazo la llevó a trabajar hasta el octavo mes, cuando no aguantó más y el médico de cabecera le dio la baja por contingencias comunes. Ahora se lo agradece a una compañera, que dio a luz hace dos años y la informó. Así, tiene la perspectiva de que en breve podrá vivir el resto de su embarazo con tranquilidad y salud.

VETERINARIA, 36 AÑOS

Paloma, de 36 años, se enteró de que estaba embarazada durante las vacaciones y ya no se incorporó a trabajar. Es auxiliar de veterinaria para mataderos, en una empresa que trabaja para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que certifica, entre otras cosas, que la carne sea apta para el consumo humano. En este puesto, pasa 8 horas de pie, a ritmo rápido y en posturas difíciles. Está expuesta a riesgos biológicos (podría contraer, por ejemplo, brucelosis, o ser picada por una garrapata).

La información estaba reflejada en su convenio, tan clara que, mientras planeaba quedarse embarazada, ya sabía que tenía que comunicarlo a la empresa en cuanto lo supiera. Así lo hizo, estando de unas 5 semanas, enviando los papeles que confirmaban el embarazo por e-mail. Recibió la confirmación y no tuvo que preocuparse de más, ni siquiera de una sola llamada de la mutua. En todo momento recibió el total del sueldo, algo que también hubiera pasado si fuera una baja por enfermedad porque su convenio compensa la diferencia de salario. Su caso fue tan rápido porque, además, no había adaptación de puesto posible: «Sólo estoy yo y sólo pueden sustituirme por otra persona».

Ahora la pequeña tiene 10 meses y puede decir que vivió el proceso con tranquilidad y sin incertidumbre. A ello se sumó el permiso por riesgo en la lactancia hasta los nueve meses de edad de la niña.

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